Andalucía y Madrid se han posicionado como las comunidades autónomas que enfrentan el mayor riesgo de incumplir la regla de gasto de la Unión Europea (UE) para el año 2024, estipulada en un 2.6%. Este mismo escenario se presentó en el 2023, cuando ambas regiones sobrepasaron notablemente este límite, alcanzando cifras alarmantes que superaron el 13%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que estas comunidades repitan este comportamiento en el ejercicio actual.

Sin embargo, tanto el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla como el de Isabel Díaz Ayuso no sólo han mostrado una falta de acción para revertir esta situación, sino que, contrariamente, han implementado reducciones fiscales para las grandes fortunas. Ayuso, en particular, ha dirigido el gasto de manera selectiva, destinando cantidades desproporcionadas a “regalos” a millonarios, lo que ha generado críticas desde la oposición.

De acuerdo a los informes proporcionados por el Ministerio de Hacienda, en 2023 la Comunidad de Madrid incrementó su gasto en un 12%, superando con creces la regla de gasto establecida por la UE. Esta cifra la posiciona en el segundo puesto del ranking de gasto, solo superada por Andalucía, que alcanzó un 13.4% en el mismo periodo. Con un límite máximo del 2.6% para el presente ejercicio, las previsiones son preocupantes.

La cartera liderada por la socialista María Jesús Montero ha señalado que el aumento del gasto en Madrid ha estado relacionado con el gran incremento del costo de la deuda, que se reporta un 50% mayor al año anterior, representando cerca de 400 millones de euros adicionales hasta llegar a un total de 1,200 millones de euros en pagos a acreedores. Este aumento ocurre en medio de un contexto de elevación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

En recientes declaraciones durante el Debate del Estado de la Región, Ayuso ha prometido mejoras en las infraestructuras y los servicios públicos, aunque esto coincide con el anuncio de nuevas reducciones impositivas que suscitan dudas sobre la viabilidad fiscal. La AIReF ha avisado de un posible “riesgo de incumplimiento” de los nuevos límites establecidos por la UE para 2024, alertando que “el gasto computable podría incrementarse más del 5%”.

Por su parte, en Andalucía, el informe más reciente de la AIReF sugiere que la comunidad podría alcanzar para 2024 un déficit del 0.2% del Producto Interior Bruto, además de cerrar el ejercicio con un 19.6% de deuda pública. Esta situación muestra que la comunidad también presenta un riesgo de incumplimiento en lo que respecta a la regla de gasto.

Los datos indican que el gasto computable en Andalucía en 2023 se incrementó en un 13% y, proyectando esa cifra, se estima que 2024 verá un nuevo aumento del gasto que superará el límite del 2.6%. Al respecto, la ratio de deuda sobre PIB en Andalucía se estima que cerrará el ejercicio en un 19.6%, un leve descenso desde el 19.8% en 2023. Esta mejora se atribuye principalmente al crecimiento previsto del PIB.

A medida que ambas comunidades enfrentan estas alertas, no se están implementando las reformas adecuadas. Por ejemplo, Ayuso ha aplicado bonificaciones completas o parciales en impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, favoreciendo así a los ciudadanos más acaudalados. Mientras que durante el Debate del Estado de la Región, anunció una nueva serie de reducciones fiscales que implicarán un coste de más de 6 mil millones de euros para las arcas públicas.

Estas rebajas incluyen una reducción del 25% al 50% en la bonificación del Impuesto de Sucesiones entre familiares cercanos y la extensión de 35 a 40 años de la edad máxima para acceder a deducciones en el IRPF por alquiler de vivienda. También se prevé una bonificación del 100% para donaciones inferiores a 1000 euros y la eliminación del requisito formal de documento público para aplicar las bonificaciones existentes.