El Ejecutivo de Carlos Mazón ha sido objeto de críticas por la adjudicación de un contrato de emergencia de 3,9 millones de euros a la firma Becsa SA, una empresa vinculada a un empresario condenado en el caso Gürtel. Este contrato se destina a la reparación de la presa de Buseo, que resultó gravemente dañada durante la reciente DANA.

La adjudicación, realizada sin publicidad previa, ha levantado inquietudes sobre la transparencia y la ética en los procedimientos de contratación pública. Becsa SA no es la única empresa que ha recibido contratos de emergencia; también ha sido favorecida con otras adjudicaciones relacionadas con obras tras la devastadora tormenta. Se destaca el hecho de que el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, también le otorgó contratos para obras en carretera, aunque no se conoce el monto de estas adjudicaciones.

La normativa vigente permite la creación de contratos de emergencia, pero siempre debería garantizarse la transparencia y la competencia. En esta ocasión, se han planteado dudas si se han cumplido estas condiciones, ya que el contrato a Becsa ha sido adjudicado apresuradamente tras un proceso negociado sin la publicidad adecuada.

La relación de Becsa SA con el caso Gürtel es otro aspecto alarmante. Gabriel Alberto Batalla Reigada, uno de los accionistas de la empresa, fue condenado por delito electoral y falsedad documental en 2018. En términos generales se puede entender la relación de Carlos Mazón con Becsa SA como un trato de favores y una perpetuación de la corrupción del PP afincada durante muchos años en la Comunidad Valenciana.