El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha tomado una decisión significativa al declarar la nulidad del despido de Ricardo Santos, un trabajador de Canal Sur. Esta sentencia no solo implica su retorno al puesto de trabajo, sino que también condena a la empresa a pagarle 25.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

La sentencia, emitida a finales de octubre de 2023, se refiere al despido de Santos, quien fue despedido en noviembre de 2020 durante su período de prueba. Según el fallo judicial, esta acción fue calificada como "manifiestamente inconstitucional". La decisión de extinción de su contrato, como detalla la sentencia, vino dictada por Álvaro Zancajo, exdirector de informativos de Canal Sur, quien estuvo en el centro de varias denuncias por manipulación informativa.

Ricardo Santos no es un desconocido en el ámbito político y laboral. Afiliado a Podemos, ha destacado por su activa participación en múltiples iniciativas sindicales dentro de Canal Sur. Estuvo involucrado en diversos órganos, incluyendo el Círculo de Triana en 2015 y fue responsable ante la Junta Electoral Central en las Elecciones Europeas. Además, fue fundador de la candidatura ciudadana Participa Sevilla para las municipales de 2015 y participó en la coalición Adelante Sevilla durante las elecciones municipales de 2019.

Durante el juicio, Canal Sur argumentó que no existían indicios de discriminación en el despido de Santos, afirmando que había recibido permisos para participar en campañas electorales y que había sido contratado en varias ocasiones después de su despido. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer al tribunal, que encontró pruebas de que el despido fue producto de una discriminación ideológica.

Zancajo, quien actualmente trabaja como director de comunicación de Vox, dejó su puesto en Canal Sur después del despido de Santos, lo que levantó suspicacias sobre la influencia política en la decisión de la empresa. La sentencia anota que “RTVA es una agencia pública y la observancia de los derechos fundamentales debe ser la norma en su gestión”.

La decisión del tribunal es vista como una restitución moral para Santos, quien comentó sentirse aliviado ya que consideraba que había sido víctima de una discriminación ideológica. "El hecho de que esta sentencia cambie la narrativa en torno a mi despido es un gran alivio para mí", subrayó Santos tras conocer el fallo.

La decisión del juzgado menciona que "no se ha declarado como hecho probado que existieran quejas por parte de coordinadores sobre la actitud o aptitud del trabajador". La falta de pruebas objetivas en el juicio refuerza la hipótesis del despido viciado por motivos ideológicos.