El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se prepara para viajar a Roma. Este viaje tiene como objetivo reunirse con la primera ministra italiana, la neofascista  Giorgia Meloni, este jueves.

Un aspecto fundamental que ha caracterizado la política de Meloni es su enfoque en las políticas antimigratorias. Feijóo ha elogiado en múltiples ocasiones estos esfuerzos, resaltando la necesidad de un enfoque coordinado a nivel europeo para abordar la cuestión migratoria.

Según el PP, Italia ha logrado reducir la migración regular. Durante su encuentro, se espera que Feijóo y Meloni discutan las estrategias implementadas en Italia, así como su posible adaptación en otros países europeos.

Desde que Giorgia Meloni asumió el cargo, la legislación contra los migrantes se ha ido recrudeciendo, hasta el punto de dejar embarcaciones a la deriva sin la más mínima protección y con el consecuente fallecimiento de personas que en muchas ocasiones son mujeres y niños. Se han aprobado hasta cuatro paquetes normativos que facilitan la deportación de menores no acompañados. A través de esto, buscan acelerar las pruebas clínicas destinadas a verificar la edad de los migrantes.

Se han dificultado las operaciones de las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), asignándoles puertos lejanos para desembarcar a los migrantes. Esta estrategia ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que poner barreras a las misiones de rescate compromete la seguridad de las personas. En un contexto en el que se contabiliza la muerte de 2.574 personas en el mar en el año 2023.

Otro cambio radical en la legislación italiana ha sido la supresión de la “protección especial”, que ofrecía amparo a quienes no cumplían con los requisitos para asilo o protección subsidiaria. Este se considera un ajuste drástico que coloca a muchos migrantes en una situación de vulnerabilidad y es un hecho que ha alarmado a las asociaciones pro Derechos Humanos.

Asimismo, el tiempo de retención para aquellos que han sido sentenciados a expulsión ha aumentado al máximo legal permitido por la Unión Europea: 18 meses.