La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica al condenar a Alfredo Prada, exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, a siete años de prisión por su implicación en la fallida Ciudad de la Justicia impulsada por Esperanza Aguirre.

El tribunal ha señalado a un total de cinco personas por el descontrol en la contratación del macroproyecto, dejando en claro que este caso refleja la falta de supervisión en la gestión de recursos públicos. Tres de estos condenados deberán indemnizar a la Comunidad de Madrid con más de 40 millones de euros.

La sentencia no ha sentado bien entre la oposición en la Comunidad de Madrid. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha exigido a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso que brinde explicaciones y pida perdón a la sociedad madrileña por malgastar cientos de millones de euros en un proyecto que finalmente no prosperó.

La sentencia condena a Prada por un delito "continuado" de prevaricación, en concurso con un delito continuado de malversación agravada. En total, se evalúan 24 contratos, con una cuantía total de 40 millones de euros y todos ellos licitados entre los años 2005 y 2011.

Aparte de Blanco, el tribunal también ha condenado a cuatro empleados del equipo directivo del proyecto, quienes fueron considerados cooperadores necesarios en el mal manejo de los fondos públicos. Sin embargo, para ellos la pena se ha fijado en tres años y medio. Los empleados condenados son Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).

El exvicepresidente, junto a Baños, De Las Heras y Gómez Gordo, deberá indemnizar a la Comunidad de Madrid con un total de 40.482.735,78 euros

A pesar de la condena, el tribunal ha absuelto a los condenados del delito de fraude contra las Administraciones públicas. Considera que la malversación en el proyecto es de suma gravedad, destacando que el contrato firmado con Foster & Partners y el pago a las consultoras implicadas ha costado más de 13 millones de euros a los fondos públicos. Esto, junto a los otros 23 contratos, ha elevado la suma total a 40 millones de euros.