La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una condena de tres años y medio de prisión a Patricia G., una mujer que, según se ha demostrado, atropelló y causó la muerte de dos mujeres mayores. El trágico accidente ocurrió el 8 de mayo de 2022 en el distrito de Hortaleza, mientras ella conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, y con su hijo menor en el asiento trasero.

Las víctimas, identificadas como Nieves y Mariluz M., eran dos septuagenarias que esperaban pacientemente para cruzar la calle en un paso de peatones claramente señalizado. La sentencia describe que ambas estaban correctamente situadas en la mediana ajardinada que separa los carriles de la amplia Avenida Ingeniero Emilio Herrera, que contaba con buena visibilidad.

Sin embargo, a las seis y media de la tarde, todo cambió. Patricia G. conducía su vehículo a una velocidad que superaba el límite permitido. Al aproximarse al cruce, perdió el control del BMW, deslizándose alrededor de doce metros antes de impactar con las dos mujeres, que fallecieron prácticamente en el acto debido a los politraumatismos sufridos.

La reacción inicial de Patricia y su marido, Enrique L., fue salir del vehículo y permanecer en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia y la policía. Durante la investigación, los agentes notaron que la conductora presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. Se le observó con ojos enrojecidos, habla balbuceante y descoordinación en sus movimientos.

Tras realizar las pruebas correspondientes en el lugar del accidente, se confirmó que Patricia G. tenía alcohol y cannabis en su organismo, y posteriormente, una prueba indicó también que había consumido ansiolíticos. Este comportamiento irresponsable, sumado a los antecedentes del caso, fue clave para la decisión del tribunal.

La compañía de seguros compensó a los familiares de las víctimas con 22.000 euros a la hija de una de ellas y 150.000 euros distribuidos entre los allegados de la otra persona fallecida. Además, Patricia G. también abonó 30.000 euros al inicio del proceso legal. Estas acciones fueron parte de un acuerdo de conformidad en el que se llegó a una renuncia a las acciones penales por parte de los familiares de las víctimas.

Durante la audiencia, la condenada se justificó expresando su profundo pesar. Declaró que había decidido "dejar de vivir" tras el trágico suceso y mencionó que había enviado cartas de perdón a los familiares de las víctimas.

El esposo de Patricia, Enrique L., fue condenado como cooperador necesario en este caso y se le impuso una multa de 15 euros diarios durante 18 meses. Esta cantidad fue estipulada para cubrir los gastos derivados de los daños causados en la vía debido al accidente.