El reciente anuncio del Gobierno sobre la reducción de la financiación estatal a las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda ha causado revuelo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez , destacó que aquellas comunidades que ignoren esta legislación no podrán contar con el respaldo financiero del Gobierno central. Esta medida fue comunicada en una entrevista en TVE, en la que subrayó la dependencia de las políticas de vivienda de las autonomías de los fondos estatales, que representan entre el 70% y el 75% de su financiación.

La propuesta de condicionar las ayudas a la ley de vivienda surge de Sumar durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, sugirió que todo apoyo financiero estatal debería estar vinculado a la aplicación de esta ley y a la colaboración de las comunidades autónomas.

Rodríguez ha enfatizado su deseo de mantener una colaboración cercana con las comunidades que se comprometen a cumplir la ley de vivienda. Aseguró su apoyo económico a estas regiones, pero agregó que se espera que también aumenten su propio presupuesto para poder enfrentar los desafíos en materia de vivienda.

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que quienes realizan esfuerzos para cumplir con las normativas no deberían recibir el mismo trato que aquellos que optan por no hacerlo, resaltando la importancia de la responsabilidad en políticas de vivienda.

Un punto focal de su discurso fue la situación en la Comunidad de Madrid, donde la ministra señaló que la insumisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso está afectando a muchos madrileños. Rodríguez indicó que hay miles de ciudadanos sufriendo las consecuencias de no aplicar la ley, lo que genera un escenario socialmente insostenible.

La ministra también ofreció ayuda a la Comunidad de Madrid para abordar esta crisis habitacional, proponiendo el uso eficiente de los fondos que han sido aportados por el Gobierno, que ascienden a 2.000 millones de euros desde 2018. Su objetivo es asegurar que esos recursos se utilicen correctamente y en conformidad con la ley.

Rodríguez subrayó que la falta de implementación de la ley de vivienda no sólo afecta la financiación, sino que también tiene serias repercusiones en el bienestar de los ciudadanos. Enfatizó que cualquier área donde se observe una tensión en el mercado de la vivienda tardará en ver soluciones si las comunidades permanecen reticentes a aplicar la ley.

En otro ámbito, durante su reunión con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de Catalunya, Silvia Paneque, Rodríguez expresó su satisfacción por la disposición del Gobierno catalán para cooperar en materia de vivienda. Se destacó que el número de municipios tensionados se ampliará a 131 más, abarcando el 90% de la población catalana.

Paneque reconoció que la tarea de promover 50,000 nuevas viviendas en Catalunya, tanto mediante promoción directa como delegada, no será sencilla, pero espera que sea posible movilizar 8.300 millones de euros hasta 2030 para cumplir este objetivo.