En el juicio a una red criminal que se dedicaba a la explotación sexual de menores, la Fiscalía ha logrado condenar a 13 individuos de una trama que operaba desde 2014, pero la condena es irrisoria y ha creado indignación, no solo en las víctimas y familiares, sino en el sentir general, que ve como una red criminal de estas características puede librarse de condenas ejemplares por culpa de la lentitud de la justicia y por jueces que no aplican debidamente la Ley. Esta operación ha mostrado el extremo nivel de vulnerabilidad de adolescentes que, atraídas por falsas promesas de dinero rápido, cayeron en una espiral de prostitución forzada.

Las captadoras de esta red utilizaban diversos métodos para localizar a las menores. Estrategias que iban desde la búsqueda en discotecas para jóvenes hasta anuncios de trabajo o incluso colegios.

Una vez contactadas, las adolescentes eran sometidas a una presión constante. Se les decía que podrían obtener grandes sumas de dinero “dejándose acompañar y tocar” por hombres mayores, la mayoría empresarios de Murcia que solicitaban estos servicios.

El acuerdo judicial alcanzado por los condenados ha generado rechazo social e indignación. Mientras que el fiscal había solicitado penas que alcanzaban hasta 7 años de prisión, las condenas finales fueron considerablemente menores. Las captadoras, que fueron los principales responsables de la explotación, recibieron penas de dos años por delito de prostitución de menores, lo que pone en entredicho la efectividad del sistema judicial para proteger a las víctimas.

Durante todo el proceso, es notable el silencio de las menores. La ausencia de acusaciones particulares por parte de las víctimas ha sido alarmante, lo que lleva a cuestionar la manera en que se abordaron estos casos. La falta de apoyo y el miedo a represalias de sus captores puede explicar esta situación.