En el corazón de Getafe, Madrid, se ha desatado una grave situación que refleja los problemas de vivienda que enfrentan muchas familias en España. Aurora, de 79 años, y su hija, Lola Matamala, se convirtieron en las únicas inquilinas restantes del edificio número dos del Paseo Pablo Iglesias. Después de 76 años de residir en su hogar, se enfrentan a un desahucio que ha dejado a madre e hija en una situación crítica.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Sindicato de Inquilinas, que organizó una movilización conjunta para detener el desalojo, el intento fue en vano. Más de 50 vecinos de la comunidad se agruparon en la calle para expresar su desacuerdo, coreando: "No están cumpliendo la ley". Lamentablemente, Aurora solo tuvo tiempo para recoger algunas pertenencias antes de que le cambiaran la cerradura, mientras se le prohibía a su hija entrar al edificio.

Según Mónica Gómez, trabajadora social del caso, se solicitó durante meses la declaración de una zona tensionada en Getafe, sin éxito. Afirmó: "Hemos estado solicitándolo durante meses, mientras se desalojan a vecinos de toda la vida".

Lola Matamala, quien es también reconocida por su trabajo en movimientos sociales, ha compartido su experiencia diciendo: "En el edificio vivíamos seis familias, pero el propietario decidió vender la finca". La empresa Dapamali SL fue responsable del desahucio, ejecutando una serie de tácticas para vaciar el edificio y continuar con la especulación.

Matamala denuncia que: "Se trata de un nuevo caso de especulación". Además, afirma que el nuevo propietario utilizó tácticas intimidatorias, incluyendo el uso de grupos de desokupación para forzar a las familias a salir de su hogar. Ella y otros habitantes sienten que sus vidas están en juego debido a esta especulación desmedida.

Matamala también denunció las amenazas que ella y su familia han sufrido, resaltando que "son mafiosos, amenazan y tienen un perfil de extrema derecha". Ella siente que ha sido un blanco por su asociación con Podemos, destacando que el antiguo propietario era consciente de esta situación y la utilizó en su contra.

Matamala critica la atención legal que han recibido, dice que la respuesta de los abogados de oficio ha dejado mucho que desear. A pesar de la presencia de un Real Decreto que prorroga la suspensión de desahucios, ella considera que este es insuficiente.

Después del desalojo,Matamala se dirigió al Juzgado de Instrucción número tres de Madrid con un grupo de vecinos con la esperanza de obtener un permiso que le permita acceder a su hogar y recuperar sus pertenencias. La lucha de Aurora y Lola es un claro ejemplo de las luchas que muchos enfrentan contra la especulación y la falta de protección adecuada en temas de vivienda, especialmente preocupante en la Comunidad de Madrid, donde las empresas especuladoras de viviendas tienen el total apoyo del Gobierno de Ayuso.